El Estado de California otorga ciertos beneficios sociales para las personas con necesidades notorias y las más desposeídas económicamente, estas acciones son parte del plan de gobierno que se encuentra de turno, y se han realizado por años, con el fin de brindar apoyo socioeconómico a quienes verdaderamente lo requieren, sin importar la edad, ya que siempre se ponen en marcha programas para diversas necesidades.

Si bien es cierto, que con estas ayudas económicas derivadas de proyectos dirigidos a la asistencia social, se resuelven muchos problemas, también es real, que los fondos destinados a los beneficiarios en determinadas ocasiones, llegan a personas que realmente no los necesitan, los cuales se valen de artimañas y mentiras para poder conseguir asistencia pública, y ser una persona favorecida con cualquier auxilio de los programas de ayuda social.

De acuerdo a lo antes mencionado, cualquier sujeto que por vía engañosa, o mejor dicho, que utilice datos falsos con respecto a sus ingresos o a sus requerimientos básicos, y sea partícipe de una estafa a un programa de beneficios públicos en California, está cometiendo un delito, el cual es penado por las autoridades respectivas, y por el que puede ir a prisión si el Juez encargado del caso lo cree conveniente.

De tal manera que si usted está siendo acusado de cometer un fraude a programas de asistencia pública, y se encuentra en Orange County, y desea demostrar su inocencia, es importante que como paso inicial solicite la ayuda y la orientación necesaria de un profesional en leyes, que conozca sobre el tema y pueda construir una defensa sólida, con la finalidad de obtener los mejores resultados posibles en cuanto a su contexto legal. En Orange County Criminal Attorney Law Firm, estamos dispuestos a servirle cuando usted lo crea necesario. ¡Contáctenos ahora mismo!

¿Cómo se explica este hecho ilícito?

Estos programas de ayuda social son los que están destinados a favorecer a personas de bajos recursos, desempleadas, o con cualquier tipo de necesidades básicas. En este sentido, este hecho punible conocido como fraude a programas de asistencia pública, se comete cuando un sujeto engaña a quien se encarga de otorgar estos beneficios, con el fin de recibir ayuda ilícitamente sin necesitarla, sin importar que otras personas necesitadas queden exentos de dicha ayuda.

En el Estado de California, se otorgan ayudas sociales, mediante los programas que se nombran a continuación:

  • Medi-Cal: Este programa ofrece cobertura sobre seguros médicos a personas de bajos (La comisión del delito de fraude a este programa, se procesa de forma distinta a los fraudes a programas de asistencia pública).
  • GAIN: Esta forma de ayudar, está dirigida a beneficiarios inscritos en CalWORKs, facilitando la obtención de empleo, así como también está direccionado al ascenso, con respecto a puestos que cuentan con mejoras salariales.
  • CalFresh: Este programa suministra ayuda de cupones mensuales para percibir alimentos. Estos son cupones que se generan electrónicamente.
  • GA/GR: Este programa otorga beneficios a las personas adultas que necesitan apoyo sobre necesidades básicas, entre otros.

Tenga en cuenta, que estos solo son algunos de los programas que brindan atención a las personas más desposeídas en el Estado de California, y cuando se brinda información errónea para obtener los beneficios aquí otorgados, estaría incurriendo en un delito, el cual puede ser sancionado, según sea determinado por el Juez en los Tribunales.

Generalmente los casos fraudulentos en cuanto a ayudas de esta naturaleza, vienen vinculados a declaraciones no fidedignas de ingresos económicos, y el fraude comienza cuando una vez recibido el beneficio, no se actualizan los datos de ingresos financieros, aun cuando ya el beneficiado haya obtenido un empleo y otras formas de ingresos económicos.

Un caso de fraude, sería cuando el acusado consigue una ayuda económica por incapacidad, pero resulta que esta información es falsa, y se encuentra en perfectas condiciones físicas y mentales para trabajar por su cuenta, y obtener ingresos financieros. De tal manera, si se llegase a comprobar que el beneficiario mintió para recibir una ayuda que no le correspondía, podría ser sancionado por la comisión de este hecho punible e ir a prisión de ser necesario.

¿Qué tipo de fraudes a programas de asistencia pública se conocen en California?

Se deben mencionar dos tipos de acciones fraudulentas en California, dirigidas a programas sociales, y estas son las que se nombran a continuación:

  • Fraude del destinatario: Este tipo de estafa se da cuando una persona que solicita un beneficio en alguno de estos programas asistenciales, proporciona información que no es real o no está completa, es decir, se basa en datos falsos para llenar las solicitudes del beneficio.
  • Fraude interno: Esta forma de estafa se comete desde las oficinas de trámites sociales, en donde se le asignan ayudas económicas y beneficios sociales de manera ilícita a determinadas personas que no cumplen con el perfil de alguien que necesita ser asistido por el gobierno.

¿Cómo se puede ejecutar un fraude a programas de asistencia pública?

Este es un delito que puede llevarse a cabo de diversas formas, puede que el acusado sea un experto mintiendo, o tal vez se trate de un principiante, pero el fin siempre ha sido el mismo, obtener de manera ilícita beneficios sociales que no les corresponden, en donde las personas que verdaderamente necesitan la asistencia social quedan por fuera. Esta acción es castigada con firmeza por las autoridades competentes en California, y las penalizaciones van a depender de las circunstancias presentes al momento de los hechos.

A continuación se especifican algunas conductas que podrían delatar claramente la comisión de un fraude a un programa social, entre ellas tenemos:

  • Emitir información y datos falsos deliberadamente, o no suministrar la información verdaderamente importante, cuando se trata de la obtención de un beneficio social que no es merecido. Entre los datos a los que se hace referencia se encuentran, el estado civil, ingresos económicos, situación de empleo, y otros.
  • Transferir, utilizar, comprar, falsificar, permisos para obtener cupos alimenticios.
  • Llenar diferentes planillas para recibir varios beneficios al mismo tiempo.
  • Optar por ayudas utilizando diferentes identidades, entre otras.

¿Cómo se investiga la comisión de este hecho punible?

Existen diversas formas de descubrir cuando una persona está cometiendo un fraude con respecto a uno de estos proyectos sociales que otorga el gobierno, los cuales tienen como fin único mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las agencias de investigación, en ocasiones reciben denuncias con la intención de dar a conocer la ejecución de esta acción ilícita, y que el delito no quede impune al ser entregado a las autoridades respectivas.

Por su parte, los investigadores reúnen información desde fuentes diversas, entre ellas:

  • Líneas telefónicas y páginas web directas, destinadas a denunciantes de este tipo de fraudes.
  • Agencias dirigidas a la supervisión de fondos de los programas sociales.
  • Denuncias anónimas en las oficinas de servicio social del Estado, y otras.

Como punto de partida, las entidades que se dedican a investigar fraudes cometidos hacia este tipo de programas de ayuda social, recopilan toda la información posible, para poder encontrar a un culpable, y que el delito no quede impune, para tales fines, se efectúan las siguientes acciones:

  • Conversar con los beneficiarios de las ayudas sociales, para corroborar la información suministrada al momento de optar por la ayuda, y verificar que sea fidedigna.
  • Verificar si existen otros ingresos económicos, obtenidos después de adquirir la ayuda social, y que no hayan sido notificados.
  • Buscar información mediante familiares y amistades inmediatas de la persona beneficiada en este tipo de programas.
  • Revisar las planillas de solicitud del beneficio, con el fin de obtener información relevante para el caso.

De tal manera, como se viene haciendo mención, existen formas de comprobar cuando una persona está cometiendo un fraude de esta naturaleza, y para ello, el investigador debe procurar a través de todos los medios posibles, encontrar pruebas o elementos probatorios del acto ilícito en cuestión, para después entregárselas a un Fiscal Estatal, quien será el encargado de definir los cargos penales que le serán impuestos a la persona responsable de cometer el delito.

¿Cómo se penaliza la comisión de fraudes a programas de asistencia pública?

Las sanciones que se imputan por la ejecución de este delito, varían dependiendo del tipo de fraude cometido, así como también del monto de la ayuda recibida, los antecedentes criminales que posee el acusado, y las veces que haya recibido la ayuda de forma ilícita. De acuerdo a estas circunstancias, las partes involucradas analizaran el caso, para que más adelante sean emitidas las sanciones pertinentes según el Juez encargado del caso indique. En este orden, las sanciones serían las siguientes:

Si el acusado recibe sentencia por haber emitido una declaración engañosa para recibir el beneficio de ayuda social, este hecho será determinado como un acto ilícito menor y podría ser penalizado de la siguiente forma:

  • Encarcelamiento por un tiempo máximo de 6 meses
  • Pago de multas por un monto de hasta $500

De tal forma, si el acusado es sentenciado por emitir una solicitud falsa, la cual incluye (solicitud de ayudas con identidad falsa, múltiples solicitudes), el delito puede ser procesado como un hecho punible menor o un delito mayor, según el criterio del ente acusador, y representa un “wobbler”.

De ser penalizado como un delito menor las sanciones podrían ser:

  • Prisión en una cárcel del condado por un año
  • Pago de multas por un monto máximo de $1.000

Pero si es penalizado como un delito mayor, las sanciones podrían ser:

  • Encarcelamiento por un tiempo estipulado entre 16 meses, dos y tres años
  • Pago de multas por un valor establecido de hasta $5.000

En otro orden, si el procesado es sentenciado por recibir ayudas fraudulentas, y la acción es determinada como un hecho punible menor, y la suma de los beneficios obtenidos representan un monto igual a $950 o un equivalente menor, las sanciones podrían ser las que se mencionan a continuación:

  • Encarcelamiento por un tiempo máximo de 6 meses.
  • Pago de multas por un monto de hasta $500

Pero si el monto recibido de la ayuda fraudulenta es mayor a $950, el delito podría ser determinado como un hecho punible mayor, y puede ser penalizado de la siguiente forma:

  • Encarcelamiento por un tiempo establecido de 3 años.
  • Pago de multas por un monto máximo de unos $5.000

En este orden de penalizaciones, si el acusado recibe sentencia por determinadas actividades que estén vinculadas a órdenes no autorizadas, que permitan recibir el beneficio de cupones de alimentos, el delito podría ser procesado como un acto ilícito mayor y puede ser penalizado con:

  • Encarcelamiento por un tiempo máximo de tres años.
  • Pago de multas por un monto máximo de $5.000

Ahora, si se transfiere, se utiliza, se compra o se falsifican dichos tickets para obtener alimentos, o se adquieren autorizaciones ilícitas referentes a estos cupones, el delito puede ser determinado como un “wobbler”, lo cual depende del monto del beneficio obtenido.

En este sentido, cuando el valor del beneficio es equivalente a $950 o a una cifra por debajo, es considerado como un acto ilícito menor, pero si el monto representa más de $950, sería considerado como un hecho punible mayor, y las penalizaciones serían las anteriormente mencionadas en el caso de que se reciban ayudas fraudulentas.

Como punto final, las sanciones emitidas por el delito de cometer fraudes a programas del servicio social, podrían estar apegadas a un castigo adicional. Dicha penalización es proporcional a 4 años de encierro en una cárcel estatal, si el ente acusador comprueba mediante pruebas fidedignas en la audiencia, que el acusado recibió el beneficio económico o la ayuda social, transferida de manera electrónica, ya que esta acción representa un agravante del hecho delictivo.

¿Existen otras penalizaciones adicionales por cometer este tipo de fraudes?

Aunado a las sanciones ya mencionadas, también el condenado podría ser penalizado con una deportación hacia su país de origen, en el caso de que se trate de una persona inmigrante. De igual forma, podría quedar descalificado automáticamente para ser beneficiario de cualquier otro programa de asistencia y ayuda pública, así como también puede que sea sometido a una disciplina profesional, situación que ocurre si el acusado posee licencia estatal. Todas estas sanciones quedan a discreción del Juez encargado de llevar el caso en la Corte Penal, que es quien decide de qué manera es castigado al responsable del hecho ilegal.

¿Se puede reembolsar la ayuda recibida ilícitamente sin ser judicializado?

La respuesta a esta interrogante depende del contexto en el que se hayan dado los hechos, ya que existen algunos escenarios en donde sí se puede devolver el dinero obtenido de forma fraudulenta, sin necesidad de ir a un juicio penal, pero en otras ocasiones no está permitido, sobre todo si se trata de grandes cantidades de dinero vinculadas al fraude.

Para que el acusado no sea judicializado, debe aceptar la culpabilidad del delito, y una vez que el dinero objeto de fraude sea reembolsado, el responsable del acto ilegal, debe volver a los Tribunales para solicitar ante una Corte que los cargos sean anulados. De otro modo, si el acusado no pudo cumplir los acuerdos realizados con el Juez, éste podría someterlo a una condena. Sin embargo, puede suceder que el Juez no acepte que el dinero obtenido fraudulentamente sea devuelto, sin imponer sentencia, en este caso la situación y sus resultados quedan a su criterio.

¿Cómo se puede defender un caso de fraude a programas de asistencia pública?

Cuando un sujeto comete este tipo de atropellos hacia el Estado de California, las leyes son severas en cuanto al castigo que debe imponerse sobre el acusado, evitando que el delito quede impune.

El abogado defensor del caso está en el deber de demostrar que su cliente no llevó a cabo el fraude del que se viene haciendo mención, por tal motivo debe presentar argumentos creíbles, para convencer al jurado, al Juez y a todas las partes involucradas en el caso y en la investigación, con el fin único de evidenciar que el acusado es inocente, o en su defecto, poder recibir menos cargos penales de los que le tocan, si ese fuese el caso.

De tal forma, las alternativas de defensa que podría utilizar en el caso son las siguientes:

  • El acusado no tenía el propósito de realizar un fraude
  • Falsas acusaciones
  • Falta de pruebas

El acusado no tenía el propósito de realizar un fraude

Cuando el ente acusador solicita una condena para que el delito de fraude no quede impune, es necesario que se evidencie la intencionalidad de cometer dicha acción. De tal manera, que si no se puede demostrar que el acusado tenía el propósito fiel de defraudar, no podría enfrentar cargos penales por la ejecución de este delito.

Existen algunos casos en donde la defensa podría alegar que se trataba de la obtención de múltiples beneficios de forma accidental, ya que puede haber sucedido que el acusado haya concursado por varias solicitudes al mismo tiempo, los cuales todos les fueron otorgados, por lo que podría ser señalado de recibir el beneficio de múltiples ayudas, si no se demuestra lo contrario.

Así como también puede haberse tratado de una equivocación, ya que el acusado manifestó haber actualizado sus datos de ingresos económicos, pero el sistema no renovó la información, y por esta razón aparece con dichos ingresos económicos sin actualizar.

Falsas acusaciones

En los casos en donde existen beneficiarios de ayudas sociales, puede que al momento de suministrar la información en la solicitud, los datos sean falsificados por otras personas, con el fin de obtener ellos la ayuda solicitada. De esta forma, se trataría de una suplantación de identificación, y el procesado no podría ser culpado por la comisión del delito.

De tal forma, también puede que la estafa se deba a un error de índole administrativa, en lo que el acusado no tiene nada que ver, o que se trate de un fraude en donde están involucradas personas allegadas al procesado, y se hayan aprovechado del puesto de trabajo que él ocupaba en las oficinas de servicio social, en donde eran otorgadas las ayudas económicas, por esta razón, lo hicieron cómplice de un fraude si haber estado enterado. Por ejemplo, el acusado como empleado de dicha oficina del servicio social, puede que se haya confiado de los datos otorgados por los solicitantes, quienes eran sus amigos y familiares, por lo que no verificó a tiempo los datos, y resultó ser información fraudulenta.

Falta de pruebas

Tomando en consideración la existencia de los fraudes que generalmente se ejecutan hacia los programas de ayuda social, los cuales se derivan en dos tipos: El del destinatario, así como también el interno, es necesario que se demuestre con pruebas que indiquen verdaderamente cuál de ellos se cometió.

En este sentido, puede que el acusado haya tenido archivos duplicados en su oficina de trabajo, o estuvo en comunicación sospechosa con uno de los beneficiarios de los programas, por lo que el patrono decidió denunciarlo por la comisión de un fraude interno. No obstante, aunque las evidencias parezcan involucrarlo en la ejecución del hecho delictivo, si el ente acusador no demuestra con pruebas fidedignas que el acusado es el autor del delito, no podría ser condenado por la comisión del mismo.

¿Cómo consigo un abogado especialista en fraudes a programas de asistencia pública cerca de mí?

Si usted está siendo señalado de cometer este hecho punible y se encuentra en Orange County, y necesita ayuda profesional para resolver la situación legal en la que se encuentra involucrado ante las autoridades, debe comunicarse a la brevedad posible con los abogados penalistas de Orange County Criminal Attorney Law Firm, para defenderlo de todas las acusaciones emitidas en contra.

Para realizar un primer contacto de manera gratuita, es necesario que realice una llamada a través del número telefónico 714-831-1858, así como también puede hacerlo mediante nuestra página web, en donde será atendido por uno de nuestros profesionales, el cual le indicará cómo puede proceder inicialmente, mientras elaboran un plan de defensa objetivo y bien estructurado para demostrar su inocencia en la Corte Penal. ¡No espere más, llame ahora!