En algunas oportunidades, se requieren determinados documentos que deben estar firmados o sellados por una determinada persona o institución, para que surtan efectos. En otras oportunidades, los referidos documentos deben cumplir con ciertos requisitos para su validez. Es por eso que, si en ese momento no es posible contar con alguno de los requisitos para la eficacia de tales documentos, falsificarlos podría parecer una buena idea.
Sin embargo, en California, incurrir en cualquier conducta vinculada con falsificar o alterar documentos para obtener beneficios de manera fraudulenta, puede llevarle a prisión o afectar gravemente su futuro, ya que esto se considera como un delito según el Código Penal que rige en este estado.
Este delito se denomina falsificación, se considera como un delito de cuello blanco y puede ser cometido mediante distintos actos, tales como alterar el contenido de un documento, falsificar una firma, entre otras conductas destinadas a obtener un beneficio, mediante la alteración de documentos.
Las consecuencias de incurrir en este delito y ser condenado por el mismo pueden perjudicar su vida para siempre. Sin embargo, una acusación por este hecho no implica necesariamente una condena, ya que contactar a un abogado especialista en delitos de cuello de blanco le permitirá enfrentar el proceso legal con una estrategia de defensa sólida adaptada a su caso.
Los abogados de Orange County Criminal Attorney Law Firm tiene una trayectoria de éxito que los respalda, basada en una amplia experiencia en litigios por este delito, siendo reconocidos como un equipo legal capacitado para asumir la defensa de este tipo de casos y obtener soluciones exitosas.
¿En qué consiste este delito?
De acuerdo con lo establecido en la Sección 470 del Código Penal que rige en California, este delito consiste en alterar, sin autorización para ello, cualquier tipo de documentos, teniendo una intención fraudulenta. Según esto, se incluyen dentro de este delito, muchas conductas consideradas como alteración de documentos, tales como, suscribir un documento con la rúbrica de otra persona, sin autorización o suscribirlo con una firma inexistente.
Igualmente, se consideran como conductas sancionadas en virtud de este delito, la falsificación de sellos oficiales, por ejemplo, para obtener una licencia de manera fraudulenta; así como también la alteración o falsificación total de documentos legales y la presentación de tales haciéndolos pasar como legítimos.
Un caso por este delito que sucede con frecuencia es la falsificación de testamentos, ya que muchas personas suelen ser excluidas de los mismos, aunque tenían la esperanza de ser herederos o incluso, en ciertas circunstancias, las personas fallecen sin dejar testamento, por lo que sus seres queridos pueden tratar de obtener beneficios mediante testamentos falsos.
¿Cuáles son los elementos requeridos para la configuración de este delito?
Para que una persona acusada por este delito sea condenada, es necesario que se comprueben durante el juicio, de manera concurrente, todos los elementos requeridos para la configuración del mismo. Tales elementos se encuentran establecidos en la ley penal y su comprobación corresponde a la Fiscalía.
En el caso de este delito, los elementos que debe demostrar la Fiscalía son: que la persona acusada llevó a cabo una acción que se considera como falsificación o alteración de documentos y que dicha acción se realizó con intención fraudulenta.
¿Qué acciones se consideran como falsificación o alteración de documentos?
En primer lugar, se considera como falsificar o alterar documentos, cualquier acción que involucre suscribir los mismos a nombre de otro ciudadano sin la correspondiente autorización. También se incluye la firma de documentos con el nombre o datos de una persona que no existe.
Por otro lado, el uso de sellos falsos o alterados también se considera como un supuesto de este delito, siendo que, los referidos sellos pueden ser de cualquier tipo, siempre que se estampe en un documento de manera ilegítima, con la intención de defraudar a otra persona o a una institución. Este supuesto del delito suele ocurrir en los casos de alteración de documentos financieros o legales, que deben contar con determinados sellos para su validez, por ejemplo, una licencia o certificación.
Asimismo, alterar el contenido de un documento, aunque tan sólo sea una de sus partes también se considera como un supuesto de este delito siempre que el extracto alterado haya sido capaz de cambiar el significado o contenido real del documento.
Otras conductas que se incluyen dentro de las acciones consideradas como supuestos de este delito son ayudar a falsificar o alterar un documento, así como presentarlo como genuino a pesar de tener conocimiento de su falsedad o modificaciones realizadas ilegítimamente. Así entonces, si una persona utiliza un cheque con conocimiento de que él mismo había sido previamente alterado, podría ser acusada por el delito.
¿Cuáles documentos pueden falsificarse o alterarse según lo establecido para este delito?
Cualquier tipo de documento puede ser falsificado o alterado, pero existen algunos que son utilizados con más frecuencia que otros para intentar cumplir propósitos fraudulentos, tal es el caso de los instrumentos cambiarios tales como cheques, pagarés y notas de crédito.
Ahora bien, existen otros documentos que pueden ser falsificados o alterados a los fines de este delito, entre los cuales se encuentran: contratos de cualquier tipo, boletos de lotería, ordenes o giros de pago, certificaciones de acciones, facturas, certificados o constancias emanadas de organismos públicos, documentos de propiedad.
La lista anteriormente referida no es taxativa, ya que pueden incluirse otros documentos cuyo contenido o firma haya sido falsificada o alterada, siempre que se tenga como propósito obtener beneficios de manera fraudulenta con tales documentos. Es importante acotar, que los documentos sobre los cuales versa este delito puedan tener efectos relevantes a nivel legal.
¿Qué se entiende por intención fraudulenta?
Para la configuración de este delito, es fundamental la comprobación de la intención fraudulenta por parte de la persona acusada, esto ocurre cuando se miente o se engaña a una persona para obtener algún beneficio, bienes o dinero de manera ilegítima. Vale acotar que para comprobar tal intención no es necesario que la misma se materialice, basta con que la Fiscalía demuestre que de la conducta del acusado se desprendía dicha intención o propósito.
A manera de ejemplo, si Sofía toma un cheque de la oficina de su jefe y falsificó su firma para cobrarlo, aunque al dirigirse a la entidad bancaria para intentar cobrarlo, sea rechazado dicho cobro, igualmente Sofía podría ser acusada por este delito.
También incurre en este delito Luis si al recibir un pago de $40 por sus servicios de jardinería, decide alterar el recibo de pago y agregarle un cero para que sea de $400 y obtener más dinero.
¿Cuáles son las sanciones establecidas para este delito?
De acuerdo con la ley penal de California, las sanciones aplicables a una persona que sea condenada por este delito, pueden ser bastante severas, en virtud de considerarse como un “wobbler”. Esto quiere decir entonces, que la Fiscalía debe evaluar el caso concreto sometido a consideración para concluir si ejercerá la acusación como delito menor o mayor.
Las condenas establecidas para el caso de ejercerse la acusación como delito mayor, son más severas que las previstas para una condena por delito menor y entre los elementos que suele tomar en consideración la Fiscalía al momento de determinar cuál será la calificación a otorgar, se encuentran: los antecedentes penales de la persona acusada y la magnitud del fraude cometido.
En caso de considerarse como un delito mayor, las penas establecidas son de prisión que no exceda de 3 años y/o la obligación de pagar una multa que no exceda de $10.000. Bajo esta calificación, es posible optar por la libertad condicional formal como alternativa a la pena de prisión.
Si bien, la libertad condicional de tipo formal implica restricciones tales como la obligación de presentarse periódicamente ante un oficial de libertad condicional y cumplir servicio comunitario, es menos gravosa que la pena de prisión.
Por otra parte, si el delito es calificado como menor, las penas a imponer son prisión por un lapso que no exceda 1 año y/o la obligación de cancelar una multa que no supere los $1.000. En este caso, la pena de prisión puede ser sustituida por una medida de libertad condicional informal.
Ahora bien, a partir de la entrada en vigencia de la Proposición 47, se entiende que este delito será calificado como menor en todos aquellos casos en los cuales el documento alterado sea un cheque, un bono, un billete, una nota bancaria o giro postal y el valor de tal documento no exceda los $950, siempre y cuando la persona acusada de cometer el delito no haya sido condenada por el delito de robo de identidad previsto en la Sección 530.5 del Código Penal.
¿Ser condenado por este delito implica consecuencias adicionales?
Sí, además de las sanciones previstas en la ley, una condena por este delito conlleva otras consecuencias que pueden afectar a la persona condenada tanto en su vida personal como laboral. Esto debido a que los antecedentes penales pueden ser un factor que genera dificultades al momento de encontrar oportunidades de trabajo o de estudio.
Además, este delito se considera como un hecho ilícito que implica vileza moral, ya que, llevar a cabo una conducta para la obtención de beneficios de manera fraudulenta no es aprobado bajo el concepto de moral mayoritariamente aceptado. En este sentido, una condena por un delito que implique vileza puede ser causa para la revocatoria de la licencia profesional de la persona condenada, si se desempeña en un ámbito que requiera dicha licencia, tales como la abogacía o la medicina.
Vale destacar que una condena por un delito considerado como de vileza moral puede afectar negativamente el estatus migratorio de una persona y, en consecuencia, si la persona podría ser declarada inadmisible o incluso deportada.
Por último, si la persona fue condenada en virtud de este delito, considerado como mayor, puede perder sus derechos a adquirir y poseer armas.
¿Cómo defenderse durante un juicio por este delito para evitar ser condenado?
Ante una acusación por este delito, lo más usual es que las personas piensen que necesitan evitar a toda costa una condena. Esto sólo es posible si se cuenta con la asesoría y asistencia legal de un abogado especialista en delitos de cuello blando, que esté capacitado para evaluar exhaustivamente el caso y determinar la mejor estrategia de defensa.
Cada caso tiene sus particularidades y por ello, las estrategias de defensa deben ser individualizadas según cada hecho. Sin embargo, existen ciertas líneas argumentativas que suelen ser empleadas con frecuencia en los litigios por este delito.
Entre las defensas que suelen esgrimirse en este tipo de juicios se encuentran: la ausencia de intención fraudulenta, la falsedad de las acusaciones, que la persona acusada se encontraba debidamente autorizada para suscribir o modificar el documento, que el documento carece de relevancia a los fines legales o que se obtuvo la confesión de la persona acusada mediante coacción.
¿Qué implica la ausencia de intención fraudulenta?
Si en un caso por este delito, no es posible comprobar la intención fraudulenta por parte del acusado, esta persona no podría ser condenada ya que este elemento es indispensable para la configuración del hecho ilícito. Así entonces, la ausencia de tal intención puede ser tomada como estrategia de defensa durante el juicio.
Esta estrategia puede ser empleada en aquellos casos en los cuales las personas suscriben documentos teniendo una convicción –razonable- de tener autoridad para ello y en consecuencia no se pretendía engañar o defraudar a otro.
Por ejemplo, si un empleado tiene facultades para firmar determinados documentos a nombre de su jefe, los cuales le son remitidos en lotes, pero en un determinado lote había un documento para el cual no tenía facultad de suscripción y esto lo llevó a firmarlo erradamente, su abogado defensor podría determinar los elementos probatorios más pertinentes para la comprobación de la ausencia de intención.
¿Es posible que la acusación sea falsa?
Aunque suele parecer extraño, las acusaciones falsas por este delito se presentan con frecuencia, ya que, en muchas oportunidades, el verdadero responsable del fraude acusa a otra persona, para evadir su culpa. Incluso es posible que una persona sea acusada falsamente en virtud de este delito como parte de una estrategia para desprestigiarla o desacreditarla profesionalmente.
En los supuestos de acusaciones falsas, los elementos que sustentan el cargo calificado suelen ser débiles, por lo que un abogado con años de experiencia en el manejo de este tipo de litigios puede desvirtuar la acusación y lograr la desestimación del cargo acusado.
¿Qué sucede si la persona acusada si estaba autorizada para suscribir o alterar el documento?
En estos casos, el abogado defensor de la persona acusada debe encargarse de llevar a juicio todos los elementos que permitan comprobar que la persona se encontraba legítimamente autorizada para suscribir el documento en nombre propio o en representación de otro o para realizar modificaciones al mismo.
¿Qué implica que el documento carezca de relevancia a nivel legal?
Para que una persona sea condenada por este delito, el documento falsificado o alterado debe encontrarse dentro de los supuestos establecidos por la ley o en todo caso, ser análogo a los mismos. En tal sentido, debido a que la ley prevé tales documentos en virtud de su relevancia legal, un documento que no tenga ningún tipo de valor en este ámbito y mediante el cual no pueda obtenerse beneficio alguno no puede ser tomado en consideración para ordenar una condena por este delito.
De modo que, si en el Día de San Valentín, una persona quiere hacerse notar entre sus amigos y se envía a sí misma un regalo y una carta de amor identificadas con el nombre de un ex novio, esa carta no podría considerarse como un documento con relevancia legal.
¿Qué sucede si la confesión de la persona acusada se obtuvo mediante coacción?
Las autoridades deben cumplir con ciertos parámetros al momento de interrogar a alguna persona, por lo que si un sujeto está siendo investigando o ha sido acusado de cometer un delito y es sometido a coacción para la obtención de una confesión mediante la cual admita su responsabilidad en el hecho, esto excede los límites establecidos por la ley.
En consecuencia, si una persona fue coaccionada para admitir su responsabilidad por este delito, el abogado defensor del acusado puede esgrimir y comprobar esto para que la confesión sea anulada. En atención a esto, si además de la confesión obtenida mediante coacción no existen otros elementos que sustenten la acusación de la Fiscalía, lo más probable es que el cargo sea desestimado.
¿Una condena por este delito puede ser eliminada de los antecedentes penales?
Sí, una condena por este delito puede ser eliminada de los antecedentes penales de una persona, en determinadas circunstancias y previo cumplimiento de ciertos requisitos. De esta manera, mediante la eliminación de tal registro, la persona condenada podría dejar de sufrir consecuencias de tener dichos antecedentes y optar por nuevas oportunidades laborales o de estudio.
Para lograr la eliminación de dicha condena, el Juez debe comprobar que la persona cumplió exitosamente la pena impuesta, bien sea la condena a prisión o la libertad condicional. En este sentido, aunque es posible que la persona condenada inicie el proceso de eliminación por su cuenta, esto no es recomendable ya que cualquier falla o error en dicho proceso puede conllevar a una negativa de la eliminación de la condena.
¿Este delito puede ser procesado por autoridades federales?
A pesar de que se trata de un delito cuyo conocimiento generalmente corresponde a las autoridades estatales, en determinadas circunstancias puede ser procesado en un nivel federal por considerarse como grave, bien sea porque la persona acusada incurrió también en un robo de identidad o porque falsificó dinero, documentos de inmigración o cualquier documento con el propósito de defraudar a las autoridades federales.
Así entonces, una persona que falsifica un documento el cual será transportado o enviado por correo electrónico para surtir efectos en otro estado, se arriesga a ser procesada por este delito a nivel federal. Al respecto, debe señalarse que en estos supuestos la severidad de las sanciones aumenta y la persona puede ser condenada a una larga pena de prisión.
¿Existen otros hechos ilícitos relacionados con este delito?
Sí, existen ciertos hechos ilícitos que se relacionan con este delito, tales como el supuesto previsto en la Sección 476 del Código Penal de California, referido al fraude con cheques y el fraude de tarjeta de crédito establecido en la Sección 484 (f) del mismo instrumento legal.
En el primer supuesto mencionado, se comete el delito al utilizar, elaborar o poseer un cheque sin fondos, para lo cual suele incurrirse en conductas consideradas como falsificación de documentos.
En cuanto al delito previsto en la Sección 484 (f), este contempla la prohibición de falsificar o alterar tarjetas de crédito, siendo que para esto suele recurrirse a la suscripción de documentos sin autorización para ello.
¿Cómo contactar a un abogado experto en este delito cerca de mí?
Involucrarse en un caso por este delito y ser acusado por el mismo suele implicar múltiples consideraciones legales que resultan complejas de comprender para la persona acusada. Además, los casos por el referido delito implican una gran variedad de elementos y detalles los cuales deben ser analizados cuidadosamente por un abogado experto en la materia, a los fines de determinar cuáles son los más relevantes para elaborar una estrategia de defensa eficaz.
Los casos por delitos de cuello blanco, deben ser manejados con mucha cautela y profesionalismo, ya que suelen ser investigados exhaustivamente por las autoridades. Es por ello que, las personas acusadas de este delito deben contar con la asistencia de un abogado especializado en esta área de defensa criminal para poder resguardar sus intereses.
Los abogados de Orange County Criminal Attorney Law Firm, en California, cuentan con amplia experiencia en el manejo de casos por este delito por lo que si usted se ha visto involucrado en una situación de este tipo no dude en contactar lo antes posible al número telefónico 714-831-1858 y será atendido por un especialista en el área legal que le brindará atención inmediata a su caso.
